El im-pacto social

Lo propio hoy sería construir un discurso intachable para argumentar que una Constitución, en un Estado que se dice democrático, es un pacto explícito (aquel tácito del que hablaran los contractualistas) entre ciudadanos por el cual ceden cierto grado de poder al Estado con unas limitaciones que vienen reguladas en la carta magna. Así por su carácter convencional es revisable y modificable cuando no responda a las demandas de las nuevas generaciones de ciudadanos.

Este pacto social obliga a ambas partes a cumplir sus compromisos, y tal vez visto así, los ciudadanos estaríamos legitimados desde hace mucho tiempo a no sentirnos sometidos al mandato de la ley ni el poder del Estado. Dada la benevolencia de la ciudadanía sería de agradecer que los poderes públicos estuvieran dispuestos a revisar una ley suprema que ellos mismos han violentado en diversas ocasiones sin por ello pestañear.

Sino corremos el riesgo de confundir el medio con el fin, y defender como fundamentalistas una Constitución que está al servicio de la convivencia de un pueblo y no a la inversa.

Por eso, no me quedan muchas fuerzas para argumentar lo obvio. También porque voy dándome cuenta de que la justicia no se consigue con razones, tampoco con invasiones o bombardeos. Digamos que este mundo no fue “hecho” para lucir virtudes, sino para que brillaran por su ausencia.

 

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