Huelga del metro en Barna

Un servicio público cubre necesidades básicas para el funcionamiento de una ciudad, sin el cual se ven afectadas otras áreas públicas o privadas que la ciudadanía, a su vez, utiliza para  el mantenimiento de su vida cotidiana.

Estos servicios públicos deberían tener una regulación propia en el derecho de huelga que atendiera al bien común. Desconozco por completo la reglamentación, pero como de facto el Servicio metropolitano de Barcelona pacta en cada ocasión los servicios mínimos, entiendo que no existe o que nadie la respeta, que viene a ser lo mismo. Así estos mínimos no garantizan el derecho de los ciudadanos a un transporte público que les permita acudir a su puesto de trabajo con la regularidad y puntualidad exigida, en un momento, en que sabemos, que cualquier excusa es buena  para que te inviten a ser emprendedor. Tampoco, por supuesto, permite otro tipo de tareas necesarias que implican desplazamientos para atender a personas discapacitadas u otras situaciones de necesidad.

Viendo que la posibilidad de regular los servicios de transporte públicos en momentos de huelga es nula, muchos barceloneses se han cuestionado si, siendo el contencioso con la empresa de transportes y no con los ciudadanos, no ejercerían mayor presión y protegerían a los ciudadanos de perjuicios, hacer huelga de brazos caídos en las taquillas, abrir las puertas y dejar que los usuarios entraran sin pagar. Tal vez, este gesto de forma indefinida, que implicaría pérdidas diarias en el transporte, sería una acción con más eficacia y menor perjuicio para los que no tienen nada que ver en el asunto.

Pensemos que, por ejemplo, los profesores y trabajadores de la enseñanza, como servicio público ha estado sobradísima de motivos para hacer huelgas indefinidas desde los cursos más bajos. Pero la responsabilidad social con la que ejercen su vocación y que nadie destaca –por eso lo hago yo aquí- ha descartado esa posibilidad por considerar irresponsable dejar a las familias con el problema de tener a sus hijos en casa, sin saber qué hacer para ir a trabajar, o llevarlos a un centro donde no se imparte clase y hay unos vigilantes que no garantizarían del todo la seguridad de sus hijos –diga lo que diga la consejería de enseñanza- Este acto de conciencia, porque los niños no son objetos de negociación, sino sujetos, personas a proteger y esa es siempre la voluntad del profesorado –proteger no significa aquí edulcorar- podría hacerse extensivo a otros colectivos y reflexionar sobre la situación de los ciudadanos que utilizan el metro. No son precisamente los pudientes de la sociedad sino en su mayoría personas con menos poder adquisitivo que ellos que están en huelga. No se merecen encima, pagar su huelga, que la pague la administración pública, trabajen y dejen pasar gratis a las clases más desfavorecidas que son los usuarios del metro.

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